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Sociedad
Los examinadores de tráfico desconvocan la huelga tras cinco meses de paros.
Los examinadores de tráfico han desconvocado la huelga que mantienen desde hace cinco meses con la que reivindicaban un aumento de 250 euros al mes en el complemento específico salarial, es decir, 2,75 millones de euros al año para el colectivo.

 EFE - Publicado el 13/12/17
   
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Tras reunirse con todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, la asociación de examinadores de tráfico, Asextra, ha anunciado la desconvocatoria de los paros que de lunes a miércoles han mantenido desde el mes de junio -65 días-, aunque en agosto no se convocó al estar cerradas las jefaturas de tráfico y otros centros de exámenes.

El portavoz de Asextra, Joaquín Jiménez, ha asegurado que con la huelga no quisieron perjudicar a las ciudadanos, aunque ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas, que han provocado la suspensión de al menos 193.000 exámenes teóricos y prácticos.

Una situación que motivó que la DGT fijara para este mes unos servicios mínimos del 50 por ciento al fracasar las negociaciones con el colectivo para intentar llegar a un acuerdo.

Desde el inicio del conflicto, Tráfico ha mantenido que la demanda de los examinadores del aumento del complemento específico salarial era inviable.

La desconvocatoria ha tenido lugar después de que PSOE, Ciudadanos, Podemos, PNV, ERC y PDeCAT acordaran una propuesta conjunta para incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 una partida de 3 millones de euros destinada al complemento específico que demandan los examinadores.

Rodeado de los portavoces de Seguridad Vial en el Congreso de esos partidos, el portavoz de Asextra ha dicho que, por "deferencia" con los grupos han decidido desconvocar, pero ha advertido que como no se fían del Gobierno, estarán vigilantes hasta que vean reflejado en sus nóminas ese complemento.

Haber seguido la huelga les ha supuesto perder en sus nóminas más de 4.000 euros como mínimo, según han cuantificado los examinadores.

Jiménez se ha querido dirigir a la ciudadanía para subrayar que la intención del colectivo no había sido en modo alguno perjudicar a los aspirantes ni a las autoescuelas, ha pedido disculpas y ha dado a la DGT un voto de confianza para solucionar definitivamente el conflicto.

"Pedimos a la DGT que si quiere contribuir a normalizar la situación, debe abandonar de una vez por todas su actitud absolutamente pasiva" y recoger en un documento escrito el acuerdo sobre el complemento específico que ya casi habían alcanzado el pasado 1 de diciembre en una reunión de ambas partes.

Y especialmente, se ha dirigido al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para afearle que ayer les reprochara que no hubieran luchado para arreglar el conflicto.

De hecho, esas declaraciones de Zoido en el Senado han molestado tanto a los examinadores que han estado a punto de "recular" y no desconvocar.

Aunque lo más urgente es lograr ese complemento específico de 214 euros mensuales en 14 pagas o de 250 en doce, los examinadores quieren que se amplíe la plantilla y se llegue a los cerca de 1.000 profesionales que había en 2007.

En la rueda de prensa donde se ha anunciado la desconvocatoria, el diputado socialista Pablo Bellido ha criticado la actitud del Gobierno y ha dicho que podía haberlo solucionado con 3 millones de euros, mientras que la huelga ha costado 15 millones.

Desde Podemos, Jorge Luis también ha acusado al Ejecutivo de "negligencia" y ha señalado que han tenido que ser los grupos de la oposición los que mediaran en esta "irracionalidad".

Por Ciudadanos, Irene Rivera ha dejado claro que la desconvocatoria es una buena noticia para los aspirantes a obtener el carné de conducir, que podrán acudir ya a los exámenes, y para las autoescuelas, algunas de las cuales han tenido que cerrar debido a la huelga, por lo que su partido ha pedido ayudas a través de crédito ICO para este sector, del que viven 30.000 familias.

Joan Olòriz, de ERC, ha opinado que la huelga fue otro fracaso del "método M.Rajoy", el de "no hacer nada pensando que los temas se solucionarán", mientras que Antoni Postius (PDeCAT) ha acusado al Ejecutivo de haber "enquistado una situación que tenía fácil solución".

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