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La inculpación de la marca italiana (el antiguo grupo Fiat-Chrysler se unió a PSA en el nuevo conglomerado Stellantis) se produce después de que también lo hayan sido por ese mismo motivo Renault, Volkswagen, Peugeot y Citroen.
Las fuentes judiciales precisaron a Efe que a Fiat se le reprocha el delito de engañar sobre las caracterÃsticas de sus productos con consecuencias para la salud y obstruir el trabajo de los servicios antifraude.
La empresa ha quedado bajo control judicial y tiene la obligación de presentar una fianza de 150.000 euros y una garantÃa bancaria de 200.000 euros.
Stellantis, que mostró su disposición a cooperar "plenamente" con la justicia para resolver rápido este asunto, se mostró "firmemente convencido" de que los sistemas de control de emisiones cumplÃan "todas las exigencias" reglamentarias en el periodo cubierto por la investigación, entre septiembre de 2014 y el 15 de marzo de 2017.
En una declaración, el grupo automovilÃstico señaló que la imputación formal de la marca italiana le permitirá acceder al sumario y "defenderse contra unas alegaciones que todavÃa no se han evaluado en el marco de un procedimiento contradictorio".
La justicia francesa abrió una investigación en 2017 en el conocido como el escándalo del "dieselgate", que estalló dos años antes en Estados Unidos, donde las autoridades encargadas del control de la contaminación se dieron cuenta de que Volkswagen habÃa instalado programas para encubrir la contaminación de sus vehÃculos con motores diésel en condiciones reales de conducción.
En concreto, esos dispositivos detectaban el protocolo de pruebas y en ese caso los motores trabajaban a un ritmo que permitÃa limitar las emisiones de partÃculas y respetar las normas de contaminación en vigor.
Sin embargo, en condiciones normales de circulación, las emisiones se disparaban y superaban muy ampliamente los umbrales permitidos en los test de certificación. Volkswagen fue sujeto a sanciones en Estados Unidos, la Unión Europea y otros paÃses.
En su investigación, la justicia francesa trabaja sobre la base de análisis de automóviles de diversos fabricantes realizados por los servicios antifraude.
En caso de que los fabricantes se sienten en el banquillo, corren el riesgo, si son declarados culpables, de tener que pagar multas multimillonarias y hacer frente a las reclamaciones de indemnizaciones por parte de cientos de miles de propietarios de los modelos bajo sospecha.
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